Por una democracia equilibrada

Es un hecho incuestionable la desafectación y la distancia que la ciudadanía mantiene hacia la clase política, independientemente del ámbito territorial de su gestión. Si los ciudadanos piden más transparencia en los gastos de los parlamentarios, la respuesta es opaca. Eso sí, las asociaciones que reciben recursos públicos para poner en marcha proyectos, tienen que justificar hasta el último céntimo, valor democrático de transparencia en la rendición de cuentas que parece que no es asumido por sus señorías. Si los ciudadanos, sean empresarios o trabajadores, a costa de aumentar su productividad desarrollan procesos productivos que les permiten contar con bienes y servicios más competitivos, sus señorías se entretienen en los plenos jugando con las tablets compradas con recursos públicos, en vez de aprovechar el tiempo en la mejora del bien común de la ciudadanía. Si los ciudadanos piden comisiones parlamentarias que esclarezcan responsabilidades, como la de los ERE en Andalucía, obtienen unas conclusiones que no pueden ser más bochornosas, con el consiguiente consumo realizado en tiempo y recursos públicos. Si los ciudadanos piden plenos eficientes en ayuntamientos, reciben respuestas preñadas de parálisis y de herencia recibida. Me causa sonrojo y mucha vergüenza contar con una clase política que no contabiliza el coste de oportunidad de sus actuaciones ni asume la dificultad de unos tiempos que, inexorablemente, van a desembocar en un cambio de paradigma económico, social y, aunque ellos se resistan tanto, también político.

Hipocresía financiera

En octubre de 2008, el presidente del Banco Santander defendía en la Conferencia de Banca Internacional la necesidad, por parte de las entidades financieras, de recuperar el foco en el cliente. Concretamente, Emilio Botín manifestaba que “la base del negocio bancario está en las relaciones estables y directas con nuestros clientes y que, para mantenerlas, tenemos que aportar valor, servicios y productos adecuados y ajustados a sus necesidades”. En diciembre de 2012, Estrella se autolesionó en Jaén con unas tijeras en una sucursal del Santander. Exigía la devolución del dinero de su participación en un fondo de inversión que esta entidad, hace más de tres años, le había asesorado depositar la indemnización, unos 300.000 euros, de su hijo tetrapléjico. Estrella hizo lo que preconizaba Emilio Botín, es decir, firmar un producto adecuado a sus necesidades, pero no se le ocurrió leer la política de inversión del fondo o analizar el nivel de riesgo de sus participaciones, invertidas en fondos de Bernard Madoff, el protagonista del mayor escándalo financiero de la historia. Cuatro años más tarde de las declaraciones de Emilio Botín, Estrella se siente estafada por un sistema financiero y sus supervisores, contemplando encolerizada a unos legisladores inertes ante una normativa que permite que una familia no tenga acceso al dinero con el que poder pagar las medicinas de su hijo y con el que realizar un trasplante de células madre que mejore su calidad de vida. Una calidad de vida cercenada por la voracidad y opacidad de un sistema financiero al que se le deja actuar sin consecuencias y del que recibimos hipócritas mensajes dogmáticos.

La Administración apalancada

En el último boletín del ICO, el Secretario de Estado de Economía manifiesta que “tanto entidades financieras como empresas y familias están en un proceso de desapalancamiento que las permitirá situarse en una posición más sólida, lo que facilitará la recuperación económica”. Es decir, para el Gobierno reducir endeudamiento es sinónimo de salida de la crisis. Por eso la Tesorería de la Seguridad Social ya no financia a tipos del 3% el primer mes a la empresa que no pague puntualmente las cuotas, sino al tipo único del 20%, porque entiende que no hay que financiarse con la Administración. Pero eso sí, cuando hay que financiar a la Administración, la salida de la crisis puede esperar. Así, todavía no hay un reglamento que permita deducirse el IVA cuando se cobre, ni el que marque un plazo máximo de pago por subvenciones, licitaciones o contratos. En esos supuestos, hay que seguir financiando al sector público, cuando además las estadísticas del Banco de España sobre créditos siguen mostrando una tendencia decreciente de encursos aceptados a empresas y particulares, y una escalada ascendente en financiación a las Administraciones. Todo un ejemplo de coherencia, sí señor Secretario de Estado.

Sobre el término “autismo”

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) celebró hace un mes su congreso, reuniendo a más de mil empresarios y directivos del sector nacional del gran consumo. En él su presidente se dirigió a los partidos políticos diciendo: “estamos en una situación de emergencia nacional y los partidos siguen en su autismo sin tener en cuenta que el consenso sería fabuloso para este país". Según las crónicas periodísticas, fueron muy aplaudidas sus palabras. La lástima es que, por lo que se deriva de ellas, esa persona, ni las que mostraron su conformidad, tienen el menor conocimiento de lo que es el autismo. Utilizar una discapacidad como frívola metáfora es no tener la más mínima sensibilidad hacia quien la padece ni hacia las familias y colectivos sociales que luchan diariamente por darles una mejor calidad de vida, y más en estos difíciles tiempos. Quien habló es el presidente del Grupo Zena, y asociadas hay corporaciones como El Corte Inglés, Carrefour, Grupo SIRO, McDonald’s, Mercadona, Leche Pascual, Danone o Coca Cola, que apoyan a colectivos con discapacidad y lo publican en sus memorias anuales. Espero que este tipo de alusiones a discapacidades sean censuradas por las empresas asociadas, porque en caso contrario demostrarían tener un doble lenguaje y una utilización puramente mercantilista de sus contribuciones sociales.

No es país para las preferentes

De nuevo el sistema financiero ha provocado más pérdidas al ciudadano, esta vez con un producto complejo que, mediante una comercialización opaca y hasta fraudulenta, ha contribuido también a socavar la confianza exterior en nuestra economía. Pero no deja de ser cierto que España es un país sin educación financiera. Según fuentes del Banco de España y la CNMV, estamos por debajo de la media de países OCDE en conocimientos financieros, precisamente cuando las familias y empresas de nuestro país se sitúan en uno de los mayores niveles europeos de endeudamiento. Da igual que el Banco de España publique en el BOE del 6 de julio una circular para agrandar el tamaño de la letra de los contratos financieros, si estos se firman sin leer o sin ser entendidos. Y da igual que los clientes firmen de su puño y letra su consentimiento, si la normativa MiFID no se cumple ni conlleva sanciones civiles y penales para los que aprueban, diseñan y venden productos complejos, a sabiendas de que no van a ser entendidos por una población analfabeta financieramente. ¿Por qué una parte del rescate bancario o un fondo alimentado con recursos de los bancos no se destina a mejorar el conocimiento financiero de la población? ¿Por qué en España no se legisla la figura del crédito responsable y el sobreendeudamiento como en otros países?

Las desigualdades autonómicas

Hay ciertas comunidades autónomas que se están convirtiendo en las irreductibles aldeas galas de Urdezo y Goscinny, trasgrediendo continuadamente las normas dictadas por el poder central. La falta de consenso y su búsqueda, la política de ordeno y mando, el respaldo basado en un programa electoral convertido en humo, está dibujando progresivamente un mapa donde se localizan territorios alineados con la doctrina central del Estado junto a otros que tratan de dilatar plazos y presupuestos para mantener su línea programática. En vez de tender hacia una Administración que lime diferencias y rebaje barreras, se está configurando una red de espacios basada en aumentar las desigualdades y consagrar las lealtades. Es decir, del “café para todos” que presidió el proceso descentralizador autonómico al “café para los míos” hacia el que nos vamos encaminando.

Es la inflación, estúpido.

La inflación socaba los niveles de competitividad de un país, produciendo además efectos perversos sobre la internacionalización de su tejido productivo. Es una máxima que tienen bien aprendida en los países de norte de Europa, especialmente la economía alemana, tan expuesta y enfocada al mercado exterior. El objetivo de contener la subida generalizada de los precios en la zona euro es el argumento por el que el BCE se resiste a comprar títulos soberanos a los países sureños, concretamente a España e Italia. La inflación no quería en norte es la que ha estado padeciendo el sur desde la implantación del euro en los mercados financieros, especialmente en el caso español. Hace unos meses, la Fundación BBVA indicaba que los precios en España se habían incrementado un 45% desde 1999, cuando en Alemania lo hicieron tan solo un 15%. La economía alemana, como escribía Krugman en EL PAÍS del 31 de julio, “se reanimó gracias al rápido aumento de las exportaciones a estos países del sur”. Es decir, que con sus productos, también exportaban la inflación, esa que no quieren para ellos con tal de evitar perder competitividad, pero sí para otros con tal de seguir creciendo. Y en España, en vez de mejorar en precios con medidas que incentiven y alienten la productividad y la internacionalización de nuestras empresas, se ha elegido el camino de la depreciación de los costes salariales. Así se contendrá la inflación, manteniendo la recesión.