El modelo de la FP dual

Siguiendo la Estadística de las Enseñanzas no universitarias que emite el Ministerio de Educación, en el presente curso, y a nivel nacional, se han matriculado en Formación Profesional un 5,1% de alumnos más con respecto al año pasado. Sin embargo, ese crecimiento ha sido sensiblemente inferior en Andalucía, con un 1,95%, e imperceptible en la provincia de Jaén, concretamente en un 0,57%. A finales del mes de febrero, el director general de FP del Ministerio declaró que “es esencial que se ofrezca una formación profesional de calidad, que esté cada día más adaptada al mercado de trabajo y que ofrezca salidas profesionales de éxito”. El modelo por el que apuesta el ministerio es la FP dual, es decir, la combinación de la formación con el aprendizaje, fórmula que muchos expertos están dudando que pueda ser eficiente en nuestro país. No tanto por su concepción, que permite la simultaneidad de los contenidos teóricos con los prácticos en los diferentes campos profesionales relacionados con los ciclos formativos existentes, sino por el sustrato en el que tiene que germinar. La FP dual, importada de Alemania, contempla que el alumno esté buena parte de la jornada lectiva en la empresa, que es la que lo selecciona, le paga una nómina, le permite formarse y lo tutoriza, siempre de manera coordinada con el centro educativo. Toda esta música suena muy bien, pero los matices los encontramos en la partitura. La diferencia con la realidad germana es que allí existe un tejido industrial robusto, consolidado y pilotado por grandes empresas, que es el que sostiene el funcionamiento de este modelo, lo que ha supuesto que la mitad de los estudiantes hayan optado por este sistema dual. Son las empresas las que permiten que el alumnado pueda hacer un proceso de aprendizaje útil para ambas partes. Al ver los datos del INE podemos caer en nuestra realidad más cercana, donde el tejido empresarial nacional está sustentado sobre la microempresa. Concretamente, el 99,2% de las empresas emplean a menos de 50 trabajadores, y de ellas, tan solo el 3,8% tienen plantillas de entre 10 y 50 personas. ¿Está nuestro tejido empresarial dimensionado para formar a los estudiantes de los ciclos formativos, o estamos empezando la casa por el tejado?

El agujero negro del sistema financiero

Publicado en Diario Jaén (30/07/13) En junio del año pasado nos dijeron que no existía un rescate a la banca, sino un préstamo que esta devolvería cuando estuviera saneada. Y en julio de 2013, de los 52.000 millones de euros inyectados el año anterior a las cajas nacionalizadas, el 70% los da el FROB por perdidos, es decir, que los españoles se los devolveremos a Bruselas sin que las entidades financieras nos los reintegren a nosotros. Y todavía nos queda por saber las pérdidas, previsiblemente cuantiosas, correspondientes a 2013. Este agujero podría taparse si aflorara tan solo el 10% de la economía sumergida, pero no existe voluntad política de hacerlo. Ni la normativa vigente ni la inversión en medios de inspección y control van en esta dirección. Por contra, se mantiene una creciente presión fiscal y recaudatoria sobre las empresas, especialmente las pymes, y sobre la ciudadanía, concretamente vía impuestos indirectos. Escenario que no hace más que promover el aumento de la evasión tributaria. Por tanto, no hemos prestado dinero a los bancos, sino que nos lo han confiscado. El agujero negro del sistema financiero no solo se traga los miles de millones de euros de todos los españoles, sino también los argumentos de los responsables económicos, que están beligerantemente en contra de los de la ciudadanía.

¿Y los economistas?

Me cuesta trabajo encontrar las aportaciones que los economistas, como colectivo, están haciendo en estos tiempos de crisis. La sociedad española, que requiere estar mejor informada, demanda obtener una argumentación más clara y unas relaciones causa-efecto mucho más explícitas de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, respecto a los desahucios. Encuentro manifestaciones esporádicas de colegios de economistas. Y sin embargo, los colectivos de jueces, abogados e incluso los trabajadores sociales, no solo dan su opinión y su visión sobre este tema, sino que propician la intermediación entre familias y entidades financieras para encontrar soluciones. ¿Y los economistas? Es el tiempo de los economistas comprometidos. De los que creen que la Economía es una ciencia social, humana, que se debe a la sociedad, que la sirve, y que no se sirve de ella. Que rechazan la eficiencia de los mercados, o que los ciudadanos piensan y toman decisiones de manera racional y meditada. Ser hoy un economista crítico no es fácil. Sobre todo en un espacio tan cerrado y blindado como el de la teoría económica actual. Los economistas contrarios a los mensajes oficiales deberán estar dispuestos a renunciar a oportunidades profesionales y a no contar con plataformas que les permitan difundir sus ideas. Estar al otro lado del oficialismo es situarse en el espacio de la marginación y el aislamiento. Ahora está en juego la credibilidad de los economistas.

La tasa de los cajeros Desde el año 2009, los ayuntamientos tienen la potestad de regular la tasa por la utilización de cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras. Desde ese año, numerosas sentencias han dado validez a la liquidación que los ayuntamientos giran a los bancos por el aprovechamiento especial de dominio público que se produce por el uso de estos cajeros automáticos por parte de sus clientes. Si por el proceso de cierre de sucursales que estamos padeciendo los bancos nos abocan a hacer colas en los cajeros, algo ya impensable en el interior de la entidad por lo interminable de la espera, parece de justicia que se les cobre una tasa, al igual que se hace con los bares por poner sus veladores en mitad de la acera pública. En Andalucía, las capitales de provincia que cobran a los bancos por sus cajeros automáticos son Córdoba, Sevilla y Málaga. Desconozco si en Jaén se cobra esa tasa, aunque esté publicada la Ordenanza en el BOP de diciembre de 2009, tal y como se puede comprobar en la web del ayuntamiento. “Es preferible deberle a los bancos que a los proveedores” fue la frase que más se repitió en el último pleno municipal celebrado en el ayuntamiento de Jaén. Igual es mejor deberle un poco menos. ¿Oiré en el próximo pleno del ayuntamiento si esta tasa se está cobrando y, en ese caso, qué cantidad se ha recaudado desde 2010, qué tarifas se están aplicando y si todas las entidades están pagando? Esperaré ansioso.

Nuestras posibilidades

Dicen que en estos años de bonanza las familias hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y que hemos gastado más de lo que ingresábamos, incurriendo en un elevado endeudamiento. A partir de este axioma se ha tratado de convencer a los ciudadanos de que la subida de impuestos, la rebaja de salarios y la reducción de gastos públicos, y entre ellos los sociales, era una cuestión ineludible. Analizando la Encuesta Financiera de las Familias, realizada por el Banco de España en 2008, año en el que acaba el período de bonanza de créditos en nuestro país, se constata que existía algún tipo de endeudamiento en el 50,1% de las familias. Es decir, que el 49,9% no mantenía deuda alguna. Si empezamos a segmentar por nivel de renta familiar, aquellas con menores ingresos son las menos endeudadas, y respecto a las que han firmado algún tipo de préstamo, entre las de menor nivel de renta casi tres cuartas partes de su endeudamiento se destina a la compra de vivienda, cuando en los niveles de mayor poder adquisitivo no llega ni a la mitad. Y son estas últimas las que más endeudamiento han destinado a la compra de una segunda vivienda. Los datos del Banco de España nos permiten tener una visión distinta de la que se nos quiere mostrar. El sobreendeudamiento no es un síntoma común, ni que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades el diagnóstico, ni la cura devaluar salarios, garantías y estado de bienestar. Al menos para la mitad de las familias españolas que no se han endeudado. Pero también para ellas hay subida de IRPF, IVA, recortes en educación, sanidad y dependencia, y tantos etc.

Por una democracia equilibrada

Es un hecho incuestionable la desafectación y la distancia que la ciudadanía mantiene hacia la clase política, independientemente del ámbito territorial de su gestión. Si los ciudadanos piden más transparencia en los gastos de los parlamentarios, la respuesta es opaca. Eso sí, las asociaciones que reciben recursos públicos para poner en marcha proyectos, tienen que justificar hasta el último céntimo, valor democrático de transparencia en la rendición de cuentas que parece que no es asumido por sus señorías. Si los ciudadanos, sean empresarios o trabajadores, a costa de aumentar su productividad desarrollan procesos productivos que les permiten contar con bienes y servicios más competitivos, sus señorías se entretienen en los plenos jugando con las tablets compradas con recursos públicos, en vez de aprovechar el tiempo en la mejora del bien común de la ciudadanía. Si los ciudadanos piden comisiones parlamentarias que esclarezcan responsabilidades, como la de los ERE en Andalucía, obtienen unas conclusiones que no pueden ser más bochornosas, con el consiguiente consumo realizado en tiempo y recursos públicos. Si los ciudadanos piden plenos eficientes en ayuntamientos, reciben respuestas preñadas de parálisis y de herencia recibida. Me causa sonrojo y mucha vergüenza contar con una clase política que no contabiliza el coste de oportunidad de sus actuaciones ni asume la dificultad de unos tiempos que, inexorablemente, van a desembocar en un cambio de paradigma económico, social y, aunque ellos se resistan tanto, también político.

Hipocresía financiera

En octubre de 2008, el presidente del Banco Santander defendía en la Conferencia de Banca Internacional la necesidad, por parte de las entidades financieras, de recuperar el foco en el cliente. Concretamente, Emilio Botín manifestaba que “la base del negocio bancario está en las relaciones estables y directas con nuestros clientes y que, para mantenerlas, tenemos que aportar valor, servicios y productos adecuados y ajustados a sus necesidades”. En diciembre de 2012, Estrella se autolesionó en Jaén con unas tijeras en una sucursal del Santander. Exigía la devolución del dinero de su participación en un fondo de inversión que esta entidad, hace más de tres años, le había asesorado depositar la indemnización, unos 300.000 euros, de su hijo tetrapléjico. Estrella hizo lo que preconizaba Emilio Botín, es decir, firmar un producto adecuado a sus necesidades, pero no se le ocurrió leer la política de inversión del fondo o analizar el nivel de riesgo de sus participaciones, invertidas en fondos de Bernard Madoff, el protagonista del mayor escándalo financiero de la historia. Cuatro años más tarde de las declaraciones de Emilio Botín, Estrella se siente estafada por un sistema financiero y sus supervisores, contemplando encolerizada a unos legisladores inertes ante una normativa que permite que una familia no tenga acceso al dinero con el que poder pagar las medicinas de su hijo y con el que realizar un trasplante de células madre que mejore su calidad de vida. Una calidad de vida cercenada por la voracidad y opacidad de un sistema financiero al que se le deja actuar sin consecuencias y del que recibimos hipócritas mensajes dogmáticos.