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Fuerte correctivo a las empresas que construyen y arreglan carreteras. Resulta que la Comisión Nacional de Competencia ha comprobado que 47 empresas constructoras acordaron fijar los precios en las licitaciones de obras de carreteras. La multa ha sido de 47 millones de euros. La Comisión ha probado que las empresas se reunían para intercambiarse información sobre los precios que tenían que incluir en las licitaciones públicas. Posteriormente, pactaban el importe a presentar por la empresa que resultaba ser la ganadora y el resto de ofertas. Con estos pactos, las rebajas que incluyeron en los pliegos de licitación eran muy inferiores a las que se observan en condiciones de competencia. Las empresas ganadoras obtenían un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración, es decir, todos los ciudadanos, pagara en precio mayor. Luego la empresa ganadora compensaba económicamente al resto de competidores con los que había pactado. Esta multa ha sido la tercera más alta impuesta por la Comisión de Competencia.
Mucho me temo que los 47 millones de euros de multa son una insignificancia con respecto al daño causado.
Después de leer esta noticia yo me pregunto: ¿por qué ahora, que se ha reducido considerablemente la actividad de obras, es cuando han descubierto este pastel?. ¿Es que no ha tenido tiempo la Administración a lo largo de toda una década de construcción desaforada de infraestructuras por toda España de descubrir esta trama y así evitar a los ciudadanos pagar más por menos? ¿Cuánto dinero habremos palmado realmente los ciudadanos? ¿Dónde está y quién les exige a las empresas en términos de responsabilidad social corporativa? ¿Existirán penalizaciones en la baremación de las próximas licitaciones que presenten estas empresas? ¿Por qué no abrir un fichero con empresas que realicen prácticas en contra de los ciudadanos para su conocimiento popular?
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