No es país para las preferentes

De nuevo el sistema financiero ha provocado más pérdidas al ciudadano, esta vez con un producto complejo que, mediante una comercialización opaca y hasta fraudulenta, ha contribuido también a socavar la confianza exterior en nuestra economía. Pero no deja de ser cierto que España es un país sin educación financiera. Según fuentes del Banco de España y la CNMV, estamos por debajo de la media de países OCDE en conocimientos financieros, precisamente cuando las familias y empresas de nuestro país se sitúan en uno de los mayores niveles europeos de endeudamiento. Da igual que el Banco de España publique en el BOE del 6 de julio una circular para agrandar el tamaño de la letra de los contratos financieros, si estos se firman sin leer o sin ser entendidos. Y da igual que los clientes firmen de su puño y letra su consentimiento, si la normativa MiFID no se cumple ni conlleva sanciones civiles y penales para los que aprueban, diseñan y venden productos complejos, a sabiendas de que no van a ser entendidos por una población analfabeta financieramente. ¿Por qué una parte del rescate bancario o un fondo alimentado con recursos de los bancos no se destina a mejorar el conocimiento financiero de la población? ¿Por qué en España no se legisla la figura del crédito responsable y el sobreendeudamiento como en otros países?

Las desigualdades autonómicas

Hay ciertas comunidades autónomas que se están convirtiendo en las irreductibles aldeas galas de Urdezo y Goscinny, trasgrediendo continuadamente las normas dictadas por el poder central. La falta de consenso y su búsqueda, la política de ordeno y mando, el respaldo basado en un programa electoral convertido en humo, está dibujando progresivamente un mapa donde se localizan territorios alineados con la doctrina central del Estado junto a otros que tratan de dilatar plazos y presupuestos para mantener su línea programática. En vez de tender hacia una Administración que lime diferencias y rebaje barreras, se está configurando una red de espacios basada en aumentar las desigualdades y consagrar las lealtades. Es decir, del “café para todos” que presidió el proceso descentralizador autonómico al “café para los míos” hacia el que nos vamos encaminando.

Es la inflación, estúpido.

La inflación socaba los niveles de competitividad de un país, produciendo además efectos perversos sobre la internacionalización de su tejido productivo. Es una máxima que tienen bien aprendida en los países de norte de Europa, especialmente la economía alemana, tan expuesta y enfocada al mercado exterior. El objetivo de contener la subida generalizada de los precios en la zona euro es el argumento por el que el BCE se resiste a comprar títulos soberanos a los países sureños, concretamente a España e Italia. La inflación no quería en norte es la que ha estado padeciendo el sur desde la implantación del euro en los mercados financieros, especialmente en el caso español. Hace unos meses, la Fundación BBVA indicaba que los precios en España se habían incrementado un 45% desde 1999, cuando en Alemania lo hicieron tan solo un 15%. La economía alemana, como escribía Krugman en EL PAÍS del 31 de julio, “se reanimó gracias al rápido aumento de las exportaciones a estos países del sur”. Es decir, que con sus productos, también exportaban la inflación, esa que no quieren para ellos con tal de evitar perder competitividad, pero sí para otros con tal de seguir creciendo. Y en España, en vez de mejorar en precios con medidas que incentiven y alienten la productividad y la internacionalización de nuestras empresas, se ha elegido el camino de la depreciación de los costes salariales. Así se contendrá la inflación, manteniendo la recesión.

El oráculo de los economistas

Si hay algo que se ha achacado a los economistas, respecto a la crisis, es su falta de previsión y de denuncia. Yo creo que nadie, por muy premio nobel que sea, podía prever la profundidad de esta crisis, aunque hubo economistas que años antes de su inicio alertaban sobre los efectos de las políticas económicas. En el año 2002, en el paraninfo de la Universidad Complutense, escuché al añorado profesor Enrique Fuentes Quintana, con motivo de la distinción como Colegiado de Honor otorgada por los economistas madrileños. En su disertación pude oír que “la economía española presenta rasgos preocupantes (…), un crecimiento económico que encuentra su fuerza en el consumo de las familias y en el desarrollo del sector de la construcción, mientras que la inversión privada en bienes de equipo registra tasas negativas (…). Las empresas y las familias manifiestan un aumento del endeudamiento en términos de porcentaje del PIB, siendo especialmente destacable el aumento del crédito concedido a las familias para la adquisición de vivienda”. No se pudo decir ni más alto ni más claro, ni aducir desconocimiento, puesto que a su lado se sentaba el presidente del gobierno de España. Decía D. Enrique que “el aumento del gasto se ha apoyado en comprometer niveles de mayor endeudamiento, lo que ha aumentado la exposición de este sector (empresas y familias) a posibles acontecimientos futuros adversos”. En Groenlandia, este verano el 97% de su cubierta se ha fundido en cuatro días, y no se dirá que los científicos no llevan denunciado los efectos del cambio climático. Lo mismo que muchos economistas con respecto a la crisis.

Un sistema educativo de calidad

El fin último de cualquier sistema educativo, visto desde una perspectiva competitiva, es el de poner en el mercado a personas que sean capaces de utilizar los conocimientos adquiridos, ayudados de las habilidades y capacidades que han ido generando, para poder contribuir a elevar el nivel de bienestar de la sociedad. Las personas que se hayan formado para ser parte de la fuerza laboral podrán aplicar en sus puestos de trabajo los conocimientos que hayan adquirido, y las personas con perfil emprendedor podrán percibir, discernir, aplicar y gestionar las oportunidades que crean valor gracias al conocimiento acumulado. Y todos, desde una perspectiva de consumo, tendrán las herramientas necesarias para poder tomar decisiones de compra en unos escenarios controlados, discerniendo en función de la utilidad que maximice sus expectativas y que mejor sea percibida. Construir y tener un sistema educativo y formativo de calidad es, por tanto, necesario para poder alentar el crecimiento en una sociedad basada en la gestión del conocimiento. Los resultados del informe PISA elaborado por la OCDE, correspondientes al año 2009, manifiestan que el porcentaje de escolares de 15 años en España que no contaban con los niveles mínimos en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura continuaban estando por encima de la media de los países de la OCDE. No obstante, si se comparan los resultados con los del informe previo, de 2006, son manifiestamente mejores, año en el que más de la cuarta parte del alumnado español (25,7%) no llegaba al mínimo en lectura, porcentaje que ha descendido hasta el 19,5% tres años más tarde. En las otras dos áreas de conocimiento, los porcentajes no bajan de manera tan acelerada: del 24,7% al 23,7% en matemáticas, y en ciencias del 19,6% al 18,2%. Y acercándonos considerablemente a la media de la OCDE, más en ciencias (0,2 puntos de diferencia) y en lectura (0,7) que en matemáticas (1,7). Analizando estos resultados recuerdo las palabras que Machado ponía en boca de Juan de Mairena: “vosotros –decía Juan de Mairena a sus discípulos− debéis amar y respetar a vuestros maestros, pero para juzgar si su labor fue más o menos acertada, deberéis esperar mucho tiempo, acaso toda la vida, y dejar que el juicio lo formulen vuestros descendientes”.

Sobre la enseñanza universitaria

A lo largo de este largo período de crisis, existe un intenso debate sobre cuáles son las mejores estrategias que nos permiten salir de ella. Donde no hay discusión es que cualquier hoja de ruta tiene que cimentarse en el impulso de la educación y el fomento de la investigación y la innovación. Un buen indicador del grado de cumplimiento puede ser la situación de la enseñanza superior. Para analizar la evolución experimentada por la enseñanza universitaria en nuestro país, pongamos en relación a la población matriculada con la que teóricamente podría hacerlo, recurriendo para ello al INE, a través de la Estadística de Enseñanza Universitaria y el Padrón municipal. En el curso 2000/01, la relación era del 37,0%, aumentando de manera continua hasta alcanzar en el 2010/11 un porcentaje del 42,2%, Para comprobar nuestra posición respecto a los países de nuestro entorno en las áreas de conocimiento relacionadas con la innovación tecnológica (ciencias, matemáticas y computación, ingeniería, producción y construcción) en las que los estudiantes españoles han finalizado sus estudios, recurrimos a EUROSTAT (“Labour force survery: Education and training, 2102). Respecto al total de graduaciones anuales, España se encuentra a un nivel similar (25,5%) al de los países más avanzados de la UE, solo por detrás de Francia (26,2%) y por delante de Alemania (24,8%), Italia (22,2%) y Reino Unido (21,9%). La enseñanza universitaria ha ayudado a la movilidad social de la población española, incluso en aquella que por dificultades territoriales o de renta era impensable el acceso a la educación de grado superior no hace muchos años, tal y como indican los datos que hemos aportado del INE. Tampoco es conveniente olvidar, como hemos demostrado con la información de EUROSTAT, que la educación superior ha permitido mejorar sustancialmente la cualificación de la fuerza laboral de la población, principalmente en las áreas de conocimiento que nos permitirán salir fortalecidos de este ciclo económico regresivo. De ahí la demanda de especialistas que nos llegan de otros países, talento que si sale no podrá aplicarse a los procesos productivos nacionales. No parece coherente definir solo una política de recortes en recursos de I+D y educación sin una propuesta de mejora en la eficiencia del sistema.

La investigación universitaria

Los integrantes de la Universidad española han promovido que nuestro país haya experimentado, a lo largo de los últimos años, un incremento sustancial de la investigación, aumentando su peso en la comunidad científica internacional. Las capacidades científicas y tecnológicas de un país pueden medirse a través de los indicadores bibliométricos, es decir, contabilizando sus publicaciones científicas. En la última década, en la principal base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas de todos los ámbitos científicos y tecnológicos, la conocida “Scopus”, la evolución de las publicaciones españolas ha ido creciendo de manera gradual, pasando del 2,27% en 2000 al 3,07% en 2010. Nuestro país está situado en la décima posición mundial, por delante de países como Australia, Holanda, Suiza, Suecia o Bélgica. Por otro lado, la productividad de publicaciones científicas en nuestro país ha crecido un 109% en la última década, pasando de 691 a 1.446 publicaciones por millón de habitantes. Si lo que se quiere es constatar cómo se distribuyen los investigadores en nuestro país, una aproximación se obtiene a través de la encuesta que proporciona la OCDE (“Main Science and Technology Incators, 2012). El 47,2% de las horas dedicadas por los investigadores españoles se concentran en la enseñanza superior, por un 34,7% en empresas y el restante 18,1% en la administración pública. Esas ponderaciones son diametralmente distintas cuando obtenemos el dato de países como Alemania y Francia. En el primero, la dedicación a la investigación realizada en el sector universitario es del 26,7%, siendo en empresas del 57,8%, porcentaje algo superior en el caso de nuestros vecinos franceses (58,4%). Incluso los investigadores italianos tienen una dedicación del 41,3% al sector privado. Una asignatura aún pendiente es la necesidad de mejorar en la transferencia de información tecnológica entre la universidad y la empresa, lo que no quita poder constatar que un foco estratégico de conocimiento e investigación en nuestro país se concentra en la enseñanza superior. Mucho cuidado con los cambios, no fuera a ser que dinamitemos uno de los futuros pilares del necesario nuevo modelo productivo español.