La culpabilidad de las ONGs

Publicado en Diario Jaén (24/03/2014) Desde el 1 de enero las empresas no tienen la posibilidad de aplazar las retenciones de las nóminas de los trabajadores. Y hace unos días, la directora del área de recaudación de la Agencia Tributaria manifestaba que la denegación del aplazamiento de los pagos de las retenciones del IRPF se debía a presuntas situaciones de fraude. Desde la Agencia Tributaria se argumenta que los aplazamientos no se pueden convertir en un mecanismo de financiación alternativa a la bancaria. Ahora, no pagar las retenciones en su plazo conlleva un recargo de hasta el 20%, el embargo de bienes y la denegación de aplazamientos de otros impuestos al entenderse que la empresa tiene dificultades serias de tesorería. La Agencia Tributaria tira por la calle de en medio y considera a todos presuntamente culpables. Incluso a las ONGs que, teniendo a su cargo personas que ejecutan programas donde la Administración no llega, ahora tampoco pueden solicitar aplazamientos de las retenciones. Las ONGs tienen que adelantar un dinero que las administraciones les pagan extremadamente tarde. Y con ellas no vale hacer tabla rasa, sino tomar medidas que eviten su excesivo endeudamiento con los bancos y su asfixia extrema. Las ONGs financian constantemente a la Administración, a la que no pueden aplicar recargos por el impago de las cantidades comprometidas en las resoluciones públicas, ni embargarle bienes ni atreverse a acusarle de pasar por dificultades estructurales de tesorería, no fuera que la ONG quedara descolgada en la siguiente convocatoria. Mientras no cobren las subvenciones, permitir el aplazamiento de las retenciones de las nóminas, compensarlas con las deudas del resto de administraciones, o avalar ante los bancos para poder pagarlas, debería ser un gesto de apoyo del Estado hacia la labor de un tejido social tan maltrecho y vapuleado en nuestro país. No cometen fraude por tener tantas dificultades en ingresar en Hacienda las retenciones cada trimestre. Ni son culpables por hacer su necesaria función.

Una nuevo rescate bancario

Cuando una empresa tiene pérdidas, no tiene que pagar impuestos, dado que como el beneficio es negativo, y el impuesto de sociedades se calcula sobre el beneficio obtenido, en vez de obtener un impuesto positivo se genera un impuesto “negativo”. Para hacerte una idea, en el impuesto sobre la renta, habrás oído hablar de que se permite compensar las pérdidas (minusvalías) con los beneficios (plusvalías) de los siguientes años. Bien. Las empresas generan impuestos “negativos” cuando tienen pérdidas. Esos impuestos “negativos” se van apuntando en su balance (en la parte del activo) como créditos fiscales que, como te he dicho, se pueden compensar en ejercicios en los que haya beneficios. En esos ejercicios de beneficios positivos se calcula el impuesto y se compensa con los impuestos “negativos” de ejercicios anteriores, de manera que disminuye la factura fiscal. Esta operativa es común en grandes empresas, de manera que sobre un tipo impositivo nominal del Impuesto de Sociedades del 30%, con estas operativas y con las deducciones fiscales, se sitúan en tipos reales impositivos cercanos al 10%. E incluso menores. Hay grandes empresas que sitúan sus centros en España cargados de gatos, generan pérdidas y los beneficios los obtienen en otros países con tipos impositivos muy reducidos (como Irlanda). Hay muchos casos. Este es el marco conceptual que espero te ayude a situar este tema. A esos créditos fiscales se les llama, siguiendo la terminología anglosajona, activos fiscales diferidos (DTA): activos (porque es un derecho de compensación generado por la empresa contra futuros impuestos), fiscales (porque se generan y han de compensarse por la operativa fiscal) y diferidos (porque se compensan en el futuro). Lo interesante empieza ahora. Los bancos han generado una serie de pérdidas en las diferentes empresas que conforman sus grupos corporativos. Esas pérdidas han generado unos créditos fiscales que Basilea III (como te decía, un órgano internacional que define la situación de solvencia y riesgo del sistema financiero) no creía que fuesen buenos (en el argot, suponen “activos de baja calidad”). Y, por tanto, al no ser buenos, necesitaban que estuvieran respaldados por recursos económicos de los bancos (es decir, que los bancos tuvieran suficiente dinero para respaldar esos activos). ¿Y por qué Basilea III dice que esos créditos son de baja calidad? Muy sencillo. Porque para que puedan compensarse en un futuro con beneficios tiene que haber eso, beneficios. Y muchos (Bankia es el ejemplo paradigmático). ¿Y entonces qué hacemos? Muy sencillo: hacer que Basilea III los considere fetén. Los gobiernos, todos, para impedir que los bancos busquen dinero para respaldar esos créditos de baja calidad, les presta su aval, de manera que pasan a ser activos de “buena calidad”. De forma que los estados garantizan el cobro de esos créditos fiscales en un futuro, aunque no haya beneficios con los que compensarlos. Sin olvidar que el estado somos todos. Al fin y al cabo, es una nueva recapitalización de la banca. Pero de una banca que creíamos que ya estaba sana. Con este tema, el FMI (Fondo Monetario Internacional) ha dicho que estos créditos fiscales suponían el 60% del capital en los casos de Bankia y Sabadell. Es decir, que un 60% de su capital depende de obtener beneficios en el futuro. Y entre el 15 y el 30% en el caso de Santander, BBVA y Caixa Bank. Sin estos avales del estado, los grandes bancos estarían en una situación que rondaría la insolvencia. Por ello es por lo que han forzado tanto para que estos créditos fiscales estuviesen avalados. En resumen, que por muy mal que les vayan las cosas en el futuro a los bancos, seguimos estando los ciudadanos para compensar sus pérdidas. Esta vez por cerca de 50.000 millones de euros. El FROB ya ha dicho que considera perdidos 45.000 millones de euros en el rescate al sistema financiero. Ahora se une este nuevo escenario, una nueva espada de Damocles para el futuro de todos los españoles. Una vez más, perdemos. Pero mientras nos tengan sumidos en el espanto de no encontrar trabajo o de no saber cómo pagar la luz, estaremos ocupados en otras cosas. En estas, que son las que hipotecan el futuro de nuestros hijos (el nuestro ya no tiene solución), para eso ya están ellos que no tienen problemas para llegar a fin de mes ni para calentar sus casas. Una nueva tropelía.

Me siento seguro

Cuando leo que las tres grandes entidades financieras han sido las mayores beneficiarias del proceso denominado flight to quality, es decir, el vuelo hacia productos más seguros por parte de empresas y familias, reconozco la pasividad de la ciudadanía, mi propia pasividad, ante la situación de concentración de la oferta financiera que se está dando en nuestro país. Para llegar a este oligopolio financiero se han tenido que desmantelar cajas de ahorro centenarias, se han permitido tantos desmanes en sus consejos de administración por parte de los reguladores y se han dejado a su suerte a tantos pueblos y colectivos vulnerables que se veían apoyados por la obra social. Fuentes de esas grandes entidades estiman que, en pocos años, se repartan entre cinco bancos el 80% del mercado, lo que nos situaría a la cola del grado de competencia europeo, con lo que eso significa para los precios de productos financieros y para el otorgamiento de créditos. Ya lo decía hace unos años el profesor Sampedro: “se ha sustituido el ansia de libertad por el ansia de seguridad”. Y esa seguridad tiene un precio.

El fin de la recesión

Que el secretario Estado de Economía anuncie la próxima salida, en el tercer trimestre, del periodo de recesión más largo de la economía española desde la Transición, me parece un ejercicio de confusión negligente hacia la ciudadanía. Como ocurrió con el anterior gobierno cuando evitó utilizar la palabra “crisis” hasta que no fue más que evidente el deterioro de la economía o el espejismo de los “brotes verdes”, ahora toca ponerle fin a una etapa del ciclo económico, oscilaciones que ya estaban resueltas a juicio de insignes economistas, como en 2004 anunció Ben Bernanke, presidente actual de la Fed. Metodológicamente, parece muy pobre declarar el fin de la recesión solo con el dato del PIB. Hay que ponderar más indicadores, como la tasa de desempleo, el índice de producción industrial, el gasto de los hogares o la inversión empresarial. No se acaba con una recesión mirando el indicador más apropiado en un momento dado, sino comprobando en la economía real que lo peor haya pasado. Y, tristemente, no es así. Publidado en Diario Jaén (3/09/13)

El modelo de la FP dual

Siguiendo la Estadística de las Enseñanzas no universitarias que emite el Ministerio de Educación, en el presente curso, y a nivel nacional, se han matriculado en Formación Profesional un 5,1% de alumnos más con respecto al año pasado. Sin embargo, ese crecimiento ha sido sensiblemente inferior en Andalucía, con un 1,95%, e imperceptible en la provincia de Jaén, concretamente en un 0,57%. A finales del mes de febrero, el director general de FP del Ministerio declaró que “es esencial que se ofrezca una formación profesional de calidad, que esté cada día más adaptada al mercado de trabajo y que ofrezca salidas profesionales de éxito”. El modelo por el que apuesta el ministerio es la FP dual, es decir, la combinación de la formación con el aprendizaje, fórmula que muchos expertos están dudando que pueda ser eficiente en nuestro país. No tanto por su concepción, que permite la simultaneidad de los contenidos teóricos con los prácticos en los diferentes campos profesionales relacionados con los ciclos formativos existentes, sino por el sustrato en el que tiene que germinar. La FP dual, importada de Alemania, contempla que el alumno esté buena parte de la jornada lectiva en la empresa, que es la que lo selecciona, le paga una nómina, le permite formarse y lo tutoriza, siempre de manera coordinada con el centro educativo. Toda esta música suena muy bien, pero los matices los encontramos en la partitura. La diferencia con la realidad germana es que allí existe un tejido industrial robusto, consolidado y pilotado por grandes empresas, que es el que sostiene el funcionamiento de este modelo, lo que ha supuesto que la mitad de los estudiantes hayan optado por este sistema dual. Son las empresas las que permiten que el alumnado pueda hacer un proceso de aprendizaje útil para ambas partes. Al ver los datos del INE podemos caer en nuestra realidad más cercana, donde el tejido empresarial nacional está sustentado sobre la microempresa. Concretamente, el 99,2% de las empresas emplean a menos de 50 trabajadores, y de ellas, tan solo el 3,8% tienen plantillas de entre 10 y 50 personas. ¿Está nuestro tejido empresarial dimensionado para formar a los estudiantes de los ciclos formativos, o estamos empezando la casa por el tejado?

El agujero negro del sistema financiero

Publicado en Diario Jaén (30/07/13) En junio del año pasado nos dijeron que no existía un rescate a la banca, sino un préstamo que esta devolvería cuando estuviera saneada. Y en julio de 2013, de los 52.000 millones de euros inyectados el año anterior a las cajas nacionalizadas, el 70% los da el FROB por perdidos, es decir, que los españoles se los devolveremos a Bruselas sin que las entidades financieras nos los reintegren a nosotros. Y todavía nos queda por saber las pérdidas, previsiblemente cuantiosas, correspondientes a 2013. Este agujero podría taparse si aflorara tan solo el 10% de la economía sumergida, pero no existe voluntad política de hacerlo. Ni la normativa vigente ni la inversión en medios de inspección y control van en esta dirección. Por contra, se mantiene una creciente presión fiscal y recaudatoria sobre las empresas, especialmente las pymes, y sobre la ciudadanía, concretamente vía impuestos indirectos. Escenario que no hace más que promover el aumento de la evasión tributaria. Por tanto, no hemos prestado dinero a los bancos, sino que nos lo han confiscado. El agujero negro del sistema financiero no solo se traga los miles de millones de euros de todos los españoles, sino también los argumentos de los responsables económicos, que están beligerantemente en contra de los de la ciudadanía.

¿Y los economistas?

Me cuesta trabajo encontrar las aportaciones que los economistas, como colectivo, están haciendo en estos tiempos de crisis. La sociedad española, que requiere estar mejor informada, demanda obtener una argumentación más clara y unas relaciones causa-efecto mucho más explícitas de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, respecto a los desahucios. Encuentro manifestaciones esporádicas de colegios de economistas. Y sin embargo, los colectivos de jueces, abogados e incluso los trabajadores sociales, no solo dan su opinión y su visión sobre este tema, sino que propician la intermediación entre familias y entidades financieras para encontrar soluciones. ¿Y los economistas? Es el tiempo de los economistas comprometidos. De los que creen que la Economía es una ciencia social, humana, que se debe a la sociedad, que la sirve, y que no se sirve de ella. Que rechazan la eficiencia de los mercados, o que los ciudadanos piensan y toman decisiones de manera racional y meditada. Ser hoy un economista crítico no es fácil. Sobre todo en un espacio tan cerrado y blindado como el de la teoría económica actual. Los economistas contrarios a los mensajes oficiales deberán estar dispuestos a renunciar a oportunidades profesionales y a no contar con plataformas que les permitan difundir sus ideas. Estar al otro lado del oficialismo es situarse en el espacio de la marginación y el aislamiento. Ahora está en juego la credibilidad de los economistas.

La tasa de los cajeros Desde el año 2009, los ayuntamientos tienen la potestad de regular la tasa por la utilización de cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras. Desde ese año, numerosas sentencias han dado validez a la liquidación que los ayuntamientos giran a los bancos por el aprovechamiento especial de dominio público que se produce por el uso de estos cajeros automáticos por parte de sus clientes. Si por el proceso de cierre de sucursales que estamos padeciendo los bancos nos abocan a hacer colas en los cajeros, algo ya impensable en el interior de la entidad por lo interminable de la espera, parece de justicia que se les cobre una tasa, al igual que se hace con los bares por poner sus veladores en mitad de la acera pública. En Andalucía, las capitales de provincia que cobran a los bancos por sus cajeros automáticos son Córdoba, Sevilla y Málaga. Desconozco si en Jaén se cobra esa tasa, aunque esté publicada la Ordenanza en el BOP de diciembre de 2009, tal y como se puede comprobar en la web del ayuntamiento. “Es preferible deberle a los bancos que a los proveedores” fue la frase que más se repitió en el último pleno municipal celebrado en el ayuntamiento de Jaén. Igual es mejor deberle un poco menos. ¿Oiré en el próximo pleno del ayuntamiento si esta tasa se está cobrando y, en ese caso, qué cantidad se ha recaudado desde 2010, qué tarifas se están aplicando y si todas las entidades están pagando? Esperaré ansioso.

Nuestras posibilidades

Dicen que en estos años de bonanza las familias hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y que hemos gastado más de lo que ingresábamos, incurriendo en un elevado endeudamiento. A partir de este axioma se ha tratado de convencer a los ciudadanos de que la subida de impuestos, la rebaja de salarios y la reducción de gastos públicos, y entre ellos los sociales, era una cuestión ineludible. Analizando la Encuesta Financiera de las Familias, realizada por el Banco de España en 2008, año en el que acaba el período de bonanza de créditos en nuestro país, se constata que existía algún tipo de endeudamiento en el 50,1% de las familias. Es decir, que el 49,9% no mantenía deuda alguna. Si empezamos a segmentar por nivel de renta familiar, aquellas con menores ingresos son las menos endeudadas, y respecto a las que han firmado algún tipo de préstamo, entre las de menor nivel de renta casi tres cuartas partes de su endeudamiento se destina a la compra de vivienda, cuando en los niveles de mayor poder adquisitivo no llega ni a la mitad. Y son estas últimas las que más endeudamiento han destinado a la compra de una segunda vivienda. Los datos del Banco de España nos permiten tener una visión distinta de la que se nos quiere mostrar. El sobreendeudamiento no es un síntoma común, ni que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades el diagnóstico, ni la cura devaluar salarios, garantías y estado de bienestar. Al menos para la mitad de las familias españolas que no se han endeudado. Pero también para ellas hay subida de IRPF, IVA, recortes en educación, sanidad y dependencia, y tantos etc.

Por una democracia equilibrada

Es un hecho incuestionable la desafectación y la distancia que la ciudadanía mantiene hacia la clase política, independientemente del ámbito territorial de su gestión. Si los ciudadanos piden más transparencia en los gastos de los parlamentarios, la respuesta es opaca. Eso sí, las asociaciones que reciben recursos públicos para poner en marcha proyectos, tienen que justificar hasta el último céntimo, valor democrático de transparencia en la rendición de cuentas que parece que no es asumido por sus señorías. Si los ciudadanos, sean empresarios o trabajadores, a costa de aumentar su productividad desarrollan procesos productivos que les permiten contar con bienes y servicios más competitivos, sus señorías se entretienen en los plenos jugando con las tablets compradas con recursos públicos, en vez de aprovechar el tiempo en la mejora del bien común de la ciudadanía. Si los ciudadanos piden comisiones parlamentarias que esclarezcan responsabilidades, como la de los ERE en Andalucía, obtienen unas conclusiones que no pueden ser más bochornosas, con el consiguiente consumo realizado en tiempo y recursos públicos. Si los ciudadanos piden plenos eficientes en ayuntamientos, reciben respuestas preñadas de parálisis y de herencia recibida. Me causa sonrojo y mucha vergüenza contar con una clase política que no contabiliza el coste de oportunidad de sus actuaciones ni asume la dificultad de unos tiempos que, inexorablemente, van a desembocar en un cambio de paradigma económico, social y, aunque ellos se resistan tanto, también político.

Hipocresía financiera

En octubre de 2008, el presidente del Banco Santander defendía en la Conferencia de Banca Internacional la necesidad, por parte de las entidades financieras, de recuperar el foco en el cliente. Concretamente, Emilio Botín manifestaba que “la base del negocio bancario está en las relaciones estables y directas con nuestros clientes y que, para mantenerlas, tenemos que aportar valor, servicios y productos adecuados y ajustados a sus necesidades”. En diciembre de 2012, Estrella se autolesionó en Jaén con unas tijeras en una sucursal del Santander. Exigía la devolución del dinero de su participación en un fondo de inversión que esta entidad, hace más de tres años, le había asesorado depositar la indemnización, unos 300.000 euros, de su hijo tetrapléjico. Estrella hizo lo que preconizaba Emilio Botín, es decir, firmar un producto adecuado a sus necesidades, pero no se le ocurrió leer la política de inversión del fondo o analizar el nivel de riesgo de sus participaciones, invertidas en fondos de Bernard Madoff, el protagonista del mayor escándalo financiero de la historia. Cuatro años más tarde de las declaraciones de Emilio Botín, Estrella se siente estafada por un sistema financiero y sus supervisores, contemplando encolerizada a unos legisladores inertes ante una normativa que permite que una familia no tenga acceso al dinero con el que poder pagar las medicinas de su hijo y con el que realizar un trasplante de células madre que mejore su calidad de vida. Una calidad de vida cercenada por la voracidad y opacidad de un sistema financiero al que se le deja actuar sin consecuencias y del que recibimos hipócritas mensajes dogmáticos.

La Administración apalancada

En el último boletín del ICO, el Secretario de Estado de Economía manifiesta que “tanto entidades financieras como empresas y familias están en un proceso de desapalancamiento que las permitirá situarse en una posición más sólida, lo que facilitará la recuperación económica”. Es decir, para el Gobierno reducir endeudamiento es sinónimo de salida de la crisis. Por eso la Tesorería de la Seguridad Social ya no financia a tipos del 3% el primer mes a la empresa que no pague puntualmente las cuotas, sino al tipo único del 20%, porque entiende que no hay que financiarse con la Administración. Pero eso sí, cuando hay que financiar a la Administración, la salida de la crisis puede esperar. Así, todavía no hay un reglamento que permita deducirse el IVA cuando se cobre, ni el que marque un plazo máximo de pago por subvenciones, licitaciones o contratos. En esos supuestos, hay que seguir financiando al sector público, cuando además las estadísticas del Banco de España sobre créditos siguen mostrando una tendencia decreciente de encursos aceptados a empresas y particulares, y una escalada ascendente en financiación a las Administraciones. Todo un ejemplo de coherencia, sí señor Secretario de Estado.

Sobre el término “autismo”

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) celebró hace un mes su congreso, reuniendo a más de mil empresarios y directivos del sector nacional del gran consumo. En él su presidente se dirigió a los partidos políticos diciendo: “estamos en una situación de emergencia nacional y los partidos siguen en su autismo sin tener en cuenta que el consenso sería fabuloso para este país". Según las crónicas periodísticas, fueron muy aplaudidas sus palabras. La lástima es que, por lo que se deriva de ellas, esa persona, ni las que mostraron su conformidad, tienen el menor conocimiento de lo que es el autismo. Utilizar una discapacidad como frívola metáfora es no tener la más mínima sensibilidad hacia quien la padece ni hacia las familias y colectivos sociales que luchan diariamente por darles una mejor calidad de vida, y más en estos difíciles tiempos. Quien habló es el presidente del Grupo Zena, y asociadas hay corporaciones como El Corte Inglés, Carrefour, Grupo SIRO, McDonald’s, Mercadona, Leche Pascual, Danone o Coca Cola, que apoyan a colectivos con discapacidad y lo publican en sus memorias anuales. Espero que este tipo de alusiones a discapacidades sean censuradas por las empresas asociadas, porque en caso contrario demostrarían tener un doble lenguaje y una utilización puramente mercantilista de sus contribuciones sociales.

No es país para las preferentes

De nuevo el sistema financiero ha provocado más pérdidas al ciudadano, esta vez con un producto complejo que, mediante una comercialización opaca y hasta fraudulenta, ha contribuido también a socavar la confianza exterior en nuestra economía. Pero no deja de ser cierto que España es un país sin educación financiera. Según fuentes del Banco de España y la CNMV, estamos por debajo de la media de países OCDE en conocimientos financieros, precisamente cuando las familias y empresas de nuestro país se sitúan en uno de los mayores niveles europeos de endeudamiento. Da igual que el Banco de España publique en el BOE del 6 de julio una circular para agrandar el tamaño de la letra de los contratos financieros, si estos se firman sin leer o sin ser entendidos. Y da igual que los clientes firmen de su puño y letra su consentimiento, si la normativa MiFID no se cumple ni conlleva sanciones civiles y penales para los que aprueban, diseñan y venden productos complejos, a sabiendas de que no van a ser entendidos por una población analfabeta financieramente. ¿Por qué una parte del rescate bancario o un fondo alimentado con recursos de los bancos no se destina a mejorar el conocimiento financiero de la población? ¿Por qué en España no se legisla la figura del crédito responsable y el sobreendeudamiento como en otros países?

Las desigualdades autonómicas

Hay ciertas comunidades autónomas que se están convirtiendo en las irreductibles aldeas galas de Urdezo y Goscinny, trasgrediendo continuadamente las normas dictadas por el poder central. La falta de consenso y su búsqueda, la política de ordeno y mando, el respaldo basado en un programa electoral convertido en humo, está dibujando progresivamente un mapa donde se localizan territorios alineados con la doctrina central del Estado junto a otros que tratan de dilatar plazos y presupuestos para mantener su línea programática. En vez de tender hacia una Administración que lime diferencias y rebaje barreras, se está configurando una red de espacios basada en aumentar las desigualdades y consagrar las lealtades. Es decir, del “café para todos” que presidió el proceso descentralizador autonómico al “café para los míos” hacia el que nos vamos encaminando.

Es la inflación, estúpido.

La inflación socaba los niveles de competitividad de un país, produciendo además efectos perversos sobre la internacionalización de su tejido productivo. Es una máxima que tienen bien aprendida en los países de norte de Europa, especialmente la economía alemana, tan expuesta y enfocada al mercado exterior. El objetivo de contener la subida generalizada de los precios en la zona euro es el argumento por el que el BCE se resiste a comprar títulos soberanos a los países sureños, concretamente a España e Italia. La inflación no quería en norte es la que ha estado padeciendo el sur desde la implantación del euro en los mercados financieros, especialmente en el caso español. Hace unos meses, la Fundación BBVA indicaba que los precios en España se habían incrementado un 45% desde 1999, cuando en Alemania lo hicieron tan solo un 15%. La economía alemana, como escribía Krugman en EL PAÍS del 31 de julio, “se reanimó gracias al rápido aumento de las exportaciones a estos países del sur”. Es decir, que con sus productos, también exportaban la inflación, esa que no quieren para ellos con tal de evitar perder competitividad, pero sí para otros con tal de seguir creciendo. Y en España, en vez de mejorar en precios con medidas que incentiven y alienten la productividad y la internacionalización de nuestras empresas, se ha elegido el camino de la depreciación de los costes salariales. Así se contendrá la inflación, manteniendo la recesión.

El oráculo de los economistas

Si hay algo que se ha achacado a los economistas, respecto a la crisis, es su falta de previsión y de denuncia. Yo creo que nadie, por muy premio nobel que sea, podía prever la profundidad de esta crisis, aunque hubo economistas que años antes de su inicio alertaban sobre los efectos de las políticas económicas. En el año 2002, en el paraninfo de la Universidad Complutense, escuché al añorado profesor Enrique Fuentes Quintana, con motivo de la distinción como Colegiado de Honor otorgada por los economistas madrileños. En su disertación pude oír que “la economía española presenta rasgos preocupantes (…), un crecimiento económico que encuentra su fuerza en el consumo de las familias y en el desarrollo del sector de la construcción, mientras que la inversión privada en bienes de equipo registra tasas negativas (…). Las empresas y las familias manifiestan un aumento del endeudamiento en términos de porcentaje del PIB, siendo especialmente destacable el aumento del crédito concedido a las familias para la adquisición de vivienda”. No se pudo decir ni más alto ni más claro, ni aducir desconocimiento, puesto que a su lado se sentaba el presidente del gobierno de España. Decía D. Enrique que “el aumento del gasto se ha apoyado en comprometer niveles de mayor endeudamiento, lo que ha aumentado la exposición de este sector (empresas y familias) a posibles acontecimientos futuros adversos”. En Groenlandia, este verano el 97% de su cubierta se ha fundido en cuatro días, y no se dirá que los científicos no llevan denunciado los efectos del cambio climático. Lo mismo que muchos economistas con respecto a la crisis.

Un sistema educativo de calidad

El fin último de cualquier sistema educativo, visto desde una perspectiva competitiva, es el de poner en el mercado a personas que sean capaces de utilizar los conocimientos adquiridos, ayudados de las habilidades y capacidades que han ido generando, para poder contribuir a elevar el nivel de bienestar de la sociedad. Las personas que se hayan formado para ser parte de la fuerza laboral podrán aplicar en sus puestos de trabajo los conocimientos que hayan adquirido, y las personas con perfil emprendedor podrán percibir, discernir, aplicar y gestionar las oportunidades que crean valor gracias al conocimiento acumulado. Y todos, desde una perspectiva de consumo, tendrán las herramientas necesarias para poder tomar decisiones de compra en unos escenarios controlados, discerniendo en función de la utilidad que maximice sus expectativas y que mejor sea percibida. Construir y tener un sistema educativo y formativo de calidad es, por tanto, necesario para poder alentar el crecimiento en una sociedad basada en la gestión del conocimiento. Los resultados del informe PISA elaborado por la OCDE, correspondientes al año 2009, manifiestan que el porcentaje de escolares de 15 años en España que no contaban con los niveles mínimos en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura continuaban estando por encima de la media de los países de la OCDE. No obstante, si se comparan los resultados con los del informe previo, de 2006, son manifiestamente mejores, año en el que más de la cuarta parte del alumnado español (25,7%) no llegaba al mínimo en lectura, porcentaje que ha descendido hasta el 19,5% tres años más tarde. En las otras dos áreas de conocimiento, los porcentajes no bajan de manera tan acelerada: del 24,7% al 23,7% en matemáticas, y en ciencias del 19,6% al 18,2%. Y acercándonos considerablemente a la media de la OCDE, más en ciencias (0,2 puntos de diferencia) y en lectura (0,7) que en matemáticas (1,7). Analizando estos resultados recuerdo las palabras que Machado ponía en boca de Juan de Mairena: “vosotros –decía Juan de Mairena a sus discípulos− debéis amar y respetar a vuestros maestros, pero para juzgar si su labor fue más o menos acertada, deberéis esperar mucho tiempo, acaso toda la vida, y dejar que el juicio lo formulen vuestros descendientes”.

Sobre la enseñanza universitaria

A lo largo de este largo período de crisis, existe un intenso debate sobre cuáles son las mejores estrategias que nos permiten salir de ella. Donde no hay discusión es que cualquier hoja de ruta tiene que cimentarse en el impulso de la educación y el fomento de la investigación y la innovación. Un buen indicador del grado de cumplimiento puede ser la situación de la enseñanza superior. Para analizar la evolución experimentada por la enseñanza universitaria en nuestro país, pongamos en relación a la población matriculada con la que teóricamente podría hacerlo, recurriendo para ello al INE, a través de la Estadística de Enseñanza Universitaria y el Padrón municipal. En el curso 2000/01, la relación era del 37,0%, aumentando de manera continua hasta alcanzar en el 2010/11 un porcentaje del 42,2%, Para comprobar nuestra posición respecto a los países de nuestro entorno en las áreas de conocimiento relacionadas con la innovación tecnológica (ciencias, matemáticas y computación, ingeniería, producción y construcción) en las que los estudiantes españoles han finalizado sus estudios, recurrimos a EUROSTAT (“Labour force survery: Education and training, 2102). Respecto al total de graduaciones anuales, España se encuentra a un nivel similar (25,5%) al de los países más avanzados de la UE, solo por detrás de Francia (26,2%) y por delante de Alemania (24,8%), Italia (22,2%) y Reino Unido (21,9%). La enseñanza universitaria ha ayudado a la movilidad social de la población española, incluso en aquella que por dificultades territoriales o de renta era impensable el acceso a la educación de grado superior no hace muchos años, tal y como indican los datos que hemos aportado del INE. Tampoco es conveniente olvidar, como hemos demostrado con la información de EUROSTAT, que la educación superior ha permitido mejorar sustancialmente la cualificación de la fuerza laboral de la población, principalmente en las áreas de conocimiento que nos permitirán salir fortalecidos de este ciclo económico regresivo. De ahí la demanda de especialistas que nos llegan de otros países, talento que si sale no podrá aplicarse a los procesos productivos nacionales. No parece coherente definir solo una política de recortes en recursos de I+D y educación sin una propuesta de mejora en la eficiencia del sistema.

La investigación universitaria

Los integrantes de la Universidad española han promovido que nuestro país haya experimentado, a lo largo de los últimos años, un incremento sustancial de la investigación, aumentando su peso en la comunidad científica internacional. Las capacidades científicas y tecnológicas de un país pueden medirse a través de los indicadores bibliométricos, es decir, contabilizando sus publicaciones científicas. En la última década, en la principal base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas de todos los ámbitos científicos y tecnológicos, la conocida “Scopus”, la evolución de las publicaciones españolas ha ido creciendo de manera gradual, pasando del 2,27% en 2000 al 3,07% en 2010. Nuestro país está situado en la décima posición mundial, por delante de países como Australia, Holanda, Suiza, Suecia o Bélgica. Por otro lado, la productividad de publicaciones científicas en nuestro país ha crecido un 109% en la última década, pasando de 691 a 1.446 publicaciones por millón de habitantes. Si lo que se quiere es constatar cómo se distribuyen los investigadores en nuestro país, una aproximación se obtiene a través de la encuesta que proporciona la OCDE (“Main Science and Technology Incators, 2012). El 47,2% de las horas dedicadas por los investigadores españoles se concentran en la enseñanza superior, por un 34,7% en empresas y el restante 18,1% en la administración pública. Esas ponderaciones son diametralmente distintas cuando obtenemos el dato de países como Alemania y Francia. En el primero, la dedicación a la investigación realizada en el sector universitario es del 26,7%, siendo en empresas del 57,8%, porcentaje algo superior en el caso de nuestros vecinos franceses (58,4%). Incluso los investigadores italianos tienen una dedicación del 41,3% al sector privado. Una asignatura aún pendiente es la necesidad de mejorar en la transferencia de información tecnológica entre la universidad y la empresa, lo que no quita poder constatar que un foco estratégico de conocimiento e investigación en nuestro país se concentra en la enseñanza superior. Mucho cuidado con los cambios, no fuera a ser que dinamitemos uno de los futuros pilares del necesario nuevo modelo productivo español.