Día de la Discapacidad

Diario Jaen (29/11/11)

Competencia multa a 47 empresas de la construcción

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Fuerte correctivo a las empresas que construyen y arreglan carreteras. Resulta que la Comisión Nacional de Competencia ha comprobado que 47 empresas constructoras acordaron fijar los precios en las licitaciones de obras de carreteras. La multa ha sido de 47 millones de euros. La Comisión ha probado que las empresas se reunían para intercambiarse información sobre los precios que tenían que incluir en las licitaciones públicas. Posteriormente, pactaban el importe a presentar por la empresa que resultaba ser la ganadora y el resto de ofertas. Con estos pactos, las rebajas que incluyeron en los pliegos de licitación eran muy inferiores a las que se observan en condiciones de competencia. Las empresas ganadoras obtenían un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración, es decir, todos los ciudadanos, pagara en precio mayor. Luego la empresa ganadora compensaba económicamente al resto de competidores con los que había pactado. Esta multa ha sido la tercera más alta impuesta por la Comisión de Competencia.
Mucho me temo que los 47 millones de euros de multa son una insignificancia con respecto al daño causado.
Después de leer esta noticia yo me pregunto: ¿por qué ahora, que se ha reducido considerablemente la actividad de obras, es cuando han descubierto este pastel?. ¿Es que no ha tenido tiempo la Administración a lo largo de toda una década de construcción desaforada de infraestructuras por toda España de descubrir esta trama y así evitar a los ciudadanos pagar más por menos? ¿Cuánto dinero habremos palmado realmente los ciudadanos? ¿Dónde está y quién les exige a las empresas en términos de responsabilidad social corporativa? ¿Existirán penalizaciones en la baremación de las próximas licitaciones que presenten estas empresas? ¿Por qué no abrir un fichero con empresas que realicen prácticas en contra de los ciudadanos para su conocimiento popular?

El fin de las Cajas

Los banqueros culpan a las Cajas de ser un obstáculo para el desarrollo económico, consiguiendo su rápida reestructuración. El gobernador del Banco de España finalizará el próximo año su mandato con la reforma del sistema financiero, lo que ha provocado la entrada de capital privado en las Cajas. No creo que la solución sea “bancarizarlas”, porque estoy convencido de que el modelo que ha fallado no ha sido el de gestión, sino el de supervisión, precisamente una responsabilidad del Banco de España. En este país se han dado hipotecas por encima del 80 y del 100% del valor de tasación, y el supervisor no dijo nada. Alguna recomendación, pero ninguna imposición regulatoria. Ahora se está comprobando que la autorización de un préstamo hipotecario por encima del 80% del valor de tasación supone sextuplicar la morosidad con respecto a uno otorgado al 50%. Y por encima del 100%, diez veces más. La Circular del Banco de España 3/2010 establece nuevos principios de gestión de riesgos, aportando criterios de autorización de préstamos, con normas sobre “capacidad de pago del prestatario” o “plan de pagos realista”. En 2010, cuando no se dan préstamos, emitieron esa Circular de apenas 18 páginas, y no al principio de la formación de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, engordada gracias a una política de riesgos laxa. Eso sí, los beneficios de la crisis se individualizan y sus pérdidas se colectivizan, con unos damnificados muy precisos: los territorios más desfavorecidos, las personas más vulnerables y los proyectos empresariales de menor tamaño. Es decir, los clientes naturales de las Cajas.

Publicado en Diario Jaén (1/11/11)

También en la radio

Mi primer día en UNIRADIO Jaén. Se trata de un espacio radiofónico en la Universidad de Jaén. Un programa de economía, de empresas, de emprendimiento, de estrategia, que hemos ideado tres personas: un profesor de la UJA (Manuel Aranda), un alumno de LADE (Juan Antonio Parrilla) y yo.

El programa se llama The Cube (El cubo). Este extracto que he incrustado en este post corresponde a la presentación que el primer día de emisión, el pasado 24 de octubre, cada uno de nosotros hicimos de nuestras trayectorias. El programa es cada lunes, de 12 a 1 de la tarde, y se puede seguir en directo, para quien tenga paciencia, a través de la web (http://uniradio.ujaen.es/).


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¿Quién habla por los excluidos?

Se está desvaneciendo, a golpe de privatización, el modelo social que aportan las cajas de ahorro. Las autoridades públicas quieren convertir a las cajas, con la entrada de capital privado, en entidades donde se maximice el beneficio, y donde exista un reparto de dividendos que compense la inversión y su riesgo. Pero en el modelo de cajas existe un beneficio que también se reparte, no en función de lo que se aporta, sino precisamente, de lo que se necesita. Es el dividendo social, ese que configura la Obra Social, y que supone cerca de un cuarto de los resultados de las cajas. Los bancos aluden a que la competencia de las cajas ha supuesto la bajada de precios, y un menor margen de beneficios para el sistema. Sin embargo, la existencia de las cajas ha promovido el ahorro de precios, créditos blandos para pymes, la asunción de cargas financieras en los planes de vivienda y menores costes en los productos ofertados. En definitiva, la reducción de la exclusión financiera. Porque las cajas se encuentran en nuestros barrios más desfavorecidos, y menos rentables. Porque acogen a la población que no tienen internet. A cerca de millón y medio en pueblos de menos de 1.000 habitantes. A los proyectos del Tercer Sector que tratan de mejorar la vida y la autonomía de las personas más vulnerables. Precisamente, los agentes y dinamizadores sociales no están abriendo ningún debate sobre el papel de las cajas, cuando son los grandes perjudicados. Los políticos de todos los bandos mantienen el mensaje de que “la protección social no se toca”. Me temo que sí, y que seremos todos quienes paguemos por este silencio.

Estados Unidos de Europa

El todavía presidente del Banco Central Europeo (BCE), al que le quedan dos telediarios para acabar su mandato, alerta que la crisis financiera es sistémica, es decir, que se está inoculando en el ADN de Europa. Y lo dice ahora, cuando llevamos cerca de dos años con el problema griego, sin que los estados europeos de la eurozona se pongan de acuerdo. O mejor dicho, sin que los que mandan, Francia y Alemania, sean capaces de arbitrar los mecanismos necesarios para enchufar recursos. Más bien lo que quieren es detraerlos, exigir que las economías aprieten su cinturón presupuestario de tal manera que queden vencidas y a merced de los designios del eje franco-alemán. Sin políticas monetarias y cambiarias autónomas, ya solo queda apelar a los mecanismos fiscales de los que emana el diseño de la política presupuestaria. Y ya hay voces que propugnan una política fiscal europea, lo que implica que los presupuestos de los estados estarán visados y aprobados por la Comisión Europea (el parlamento de la zona, ni pincha ni corta). España, como miembro de la eurozona, ha entrado en la crisis como país autónomo y saldrá, como el resto de estados, como territorio federado. La federación de países europeos, la Unión de Estados de Europa, será el final de este túnel. Y volveremos a votar una constitución europea (que alguien recuerde el coste en millones de euros que supuso para España esa consulta que hoy es papel mojado y olvidado), pero esta vez sumisos y sin condiciones. La constitución será lo social, flexible, garantista y equilibradora que decidan los países líderes, que habrán cambiado las estructuras productivas del resto de países para seguir comercializando sus productos y servicios, generando un valor añadido que se quede en sus territorios. Con razón Reino Unido celebra con tanto estruendo su decisión de haberse mantenido al margen del euro. Y con lógica su euroescepticismo pesará sobre las economías que se estaban pensando entrar en el euro. Eso sí, a Grecia, a darle largas, a dejar que caiga, empobrecerla y dejarla al pairo de las economías más fuertes para convertirla en un granero. Pero a los bancos, a inyectarles más recursos provenientes de nuestros impuestos, a recapitalizarlos. Y con palabras de Trichet, el todavía presidente del BCE, “Los Gobiernos y las autoridades nacionales (…) tienen que estar a la altura de la situación y actuar con rapidez”. ¿Y quién está a la altura de los ciudadanos, verdaderos pagadores de tantas ineficiencias?

200 desahucios al día

Esa es la cifra aproximada de familias que abandonan sus casas al día con motivo de la ejecución de su hipoteca. Me pregunto cuántas historias de desarraigo, exclusión social y financiera, rupturas familiares y desencanto se encuentran detrás de cada auto. Estoy seguro que muchas de estas historias no hubiesen ocurrido si existiera una normativa sobre crédito responsable, que dirigiera también la culpa hacia la entidad financiera que no quiso actuar de manera diligente con una política de riesgos coherente. Estoy seguro que muchas de estas historias no hubiesen ocurrido si estuviera legislada la información que obligatoriamente tiene que recibir y entender una familia, desde el banco al notario, pasando por las gestorías, empresas tasadoras, registros de la propiedad, etc., evitando la asimetría informativa que se encuentran las familias, sobre todo las más humildes, las que menos acceso tienen a cómo funcionan los procesos financieros. Estoy seguro que muchas de estas historias no hubiesen ocurrido si existiera una Oficina de Atención al cliente de las entidades financieras, que permitiera formar, comprobar y analizar las propuestas que recibe una familia en materia financiera, que sea pagada por los bancos, al estilo del fondo de garantía de depósitos, porque no se puede dejar de la mano del libre mercado una información que hipoteca, nunca mejor dicho, una vida durante tantos años. Estoy seguro que muchas de estas historias no hubiesen ocurrido si existiera la dación en pago, como en EEUU: entrego la vivienda y saldo la deuda, que para eso fue tasada y era la que garantizaba el nominal del préstamo. Dicen que subiría el coste de las hipotecas: pues a lo mejor hay que bajar el precio de los seguros, comisiones, tasaciones, diferenciales, y demás conceptos que engordan el margen de intermediación de las entidades. La prueba ya la tenemos: con la concentración del sistema financiero, vía eliminación de las Cajas, ya están empezando a subir desmesuradamente las comisiones, y todos a la vez, como en los mercados oligopolísticos. Estoy seguro que muchas de estas historias no hubiesen ocurrido si hubiese una normativa tan intervencionista como la referente a la del tabaco, donde nos previnieran de posibles escenarios en caso de impago, nos simularan la situación de nuestras finanzas en caso de desempleo, o nos mostraran instantáneas de familias en exclusión social. La información que necesita una familia para decidir no se la proporciona el banco, ni la modula el notario, ni la encuentra accesible. 200 desahucios al día, son muchas historias para un mismo día. Y es mucho lo que se ha dejado de hacer a lo largo de tantos años.

La prima de riesgo

La prima de riesgo representa la solvencia que el prestamista otorga al deudor, de manera que será mayor cuando mayor sea el riesgo. Cuando es un país el que pide prestado, esa prima de riesgo la definen los inversores mediante el precio al que están dispuestos a arriesgar sus aportaciones. Y para poner un precio, los inversores se fijan en el endeudamiento del país, mirando no tanto el importe de la deuda pública, sino la totalidad de la deuda externa, poniendo el foco en la deuda privada. España, respecto a Europa, tiene uno de los niveles más bajos sobre el PIB en deuda pública, pero muy por encima en deuda privada. ¿Y de quién es esa deuda privada? De nuestro sistema financiero, que para dar créditos sin fronteras y así aumentar su margen financiero, tuvo que endeudarse exponencialmente. Por eso, es por lo que la banca pide al Gobierno medidas drásticas de austeridad que, ganando la confianza de los inversores, permitan reducir la prima de riesgo que sus prestamistas le están pidiendo para renovar los vencimientos de su ingente deuda. Y todo ello a costa de los ciudadanos que, si no lo impedimos, vamos a un escenario permanente de aumento de presión fiscal y disminución de servicios, con el objetivo de ganar esa confianza que permita una financiación más barata a los bancos. ¿Y se trasladaría ese abaratamiento al ciudadano y a las pymes? No. Porque la concentración que está habiendo en el sistema financiero a base de reducir la competencia, véanse las cajas de ahorro, supondrá una reducción de opciones y una imposición de precios. ¿Y las conquistas sociales? ¿Nos vamos enterando de qué va esto?

Publicado en Diario Jaén (4/10/11)

Reforma constitucional

El debate sobre los límites al déficit público no solo me parece necesario sino también que ya era que hora que fuera introducido en el lenguaje cotidiano, dada la virulencia con que la macroeconomía está influenciando en la economía real. El déficit público se divide en dos: el estructural y el cíclico. En la normativa actual se admite un déficit público del 1,5% del PIB, un 0,5% para el estructural y un 1% para el cíclico. El acuerdo alcanzado por los dos grandes grupos políticos sitúa al déficit estructural en el 0,4%, sin mencionar el límite para el cíclico, por lo que la medida tiene una relevancia de carácter limitado. Lo preocupante es la forma en la que se pretende normativizar, mediante su inclusión en la Constitución, sin importes pero manteniendo el espíritu contractivo, y sobre todo obviando el debate, la visión y el respaldo de los ciudadanos. El espíritu de la Transición promovía contar con una carta de derechos y obligaciones que fuera modificable solo por los propios ciudadanos, evitando las experiencias del siglo XIX donde cada partido gobernante la modificaba según sus intereses; de ahí los controles actualmente existentes que dificultan cualquier tipo de modificación. O eso es lo que creíamos. Estamos inmersos en una crisis que nos está obligando a replantearnos todas nuestras actuaciones en el corto plazo, cambiando constantemente las reglas del juego. Sin embargo, cuando hablamos de Constitución no hablamos de corto plazo, dado que más de 30 años nos contemplan, el mayor período de crecimiento económico y social de nuestra Historia. Para mí, cambiar la Constitución es el mayor acto de responsabilidad ciudadana, máxime cuando la modificación propuesta no está en ningún programa electoral de los partidos que la proponen, lo que implica reducir el debate a un ámbito extraciudadano. Mis hijos de hoy apenas 10 años me han acompañado a cada una de las citas electorales, y les he tratado de explicar la importancia de cada una de ellas. Ellos van a padecer, con mayor virulencia, los cambios propuestos en la Constitución, y no sabré argumentarles en un futuro cuál fue mi intención de voto, porque no me han dado la posibilidad de ejercerlo, cercenando mi compromiso como ciudadano y limitando mis expectativas sobre el colectivo de los políticos. En los pragmáticos Estados Unidos, se utilizan las elecciones presidenciales para incluir referéndums, reduciendo considerablemente los costes electorales. No como en España, que se votó aisladamente el referéndum de Constitución europea, hoy papel mojado, con los gastos tan ingentes que conllevó su celebración. Dado que los inversores especulativos, eufemísticamente llamados “mercados”, han acogido fríamente la medida de la inclusión constitucional de la limitación del déficit público, bien se puede esperar un par de meses a incluir el referéndum en las elecciones legislativas del 20N, promoviendo el debate, la lectura de la letra pequeña de la medida y sus consecuencias. Somos ciudadanos maduros, preocupados por nuestro presente tan complicado. Que no se utilice nuestras dificultades que nos afanan en buscar nuestro sustento diario en evitar que nos podamos parar a reflexionar sobre nuestro futuro. De la reflexión nace el compromiso y la crítica. De su ausencia, la manipulación y el desapego.

Aviso a ONGs

Esta es la primera entrada al blog que me ha ayudado a crear Jose Luís, el dinamizador del CAPI de Objetivo Vida. A propósito de Objetivo Vida, el último y muy interesante, aleccionador y cañero artículo de su Presidente.

Carta a Celia Villalobos Este es el texto de la carta que le envié el 4 de marzo a la diputada Celia Villalobos. “Excma. Sra. Diputada: es la primera vez que escribo a un miembro del Congreso de los Diputados, pero me atrevo a contactar con Ud. dado que, recientemente, he leído en los medios de comunicación que ha definido a las personas con discapacidad psíquica con el término de “tontitos”. Eso duele mucho. Soy un padre que tiene un hijo con trastorno del espectro autista, y no le considero “tonto”. A sus 10 años, aún no sabe hacer sumas. Su madre y yo, como actividad extraescolar, le compramos cartillas de sumas sin llevar, de las que hacen los niños con apenas 5 años. Si viera los abrazos y besos que me da cuando le llevo una nueva cartilla, la ilusión que le hace sentarse y hacerla, con sus errores y sus aciertos, seguro que, viéndole, no le calificaría de “tontito”. Su fuerza de voluntad doblega la mía, esa que me hace luchar por desterrar un lenguaje tan doloroso como el que Ud. ha empleado. Dice Ud. que el término “tontitos” se utiliza en su tierra. Soy andaluz, de Jaén, y aquí a las personas con discapacidad psíquica como mi hijo se les llama por su nombre, como estoy seguro que hacen en la suya, en Málaga. Ud. trabaja para aumentar la calidad de vida de su circunscripción, en la que seguro hay familias con hijos con discapacidad psíquica que le han votado. Sería bueno que les preguntara cómo llaman a sus hijos. Detrás de una historia de discapacidad psíquica hay mucho coraje, valentía y sentimientos. No se puede reducir al termino “tontitos”. Atrévase a entrar en esta realidad, porque no sabe lo que Ud. se pierde. Atentamente.”

Réquiem por las Cajas

Los banqueros culpan a las cajas de ser un obstáculo para el desarrollo económico, pidiendo su rápida reestructuración al ser un lastre por el coste de acudir al exterior. El gobernador del Banco de España quiere finalizar el próximo año su mandato con la reforma del sistema financiero, lo que va a conllevar la entrada de capital privado en las cajas. No creo que la solución sea “bancarizarlas”, porque estoy convencido de que el modelo que ha fallado no ha sido el de gestión, sino el de supervisión, precisamente una responsabilidad del Banco de España. En este país se han dado hipotecas por encima del 80% y del 100% del valor de tasación, y el supervisor no dijo nada. Alguna recomendación, pero ninguna imposición regulatoria, como las que tenemos diariamente. Ahora se está comprobando que la autorización de un préstamo hipotecario por encima del 80% supone sextuplicar la morosidad que con respecto a uno otorgado al 50%. Y por encima del 100%, diez veces más. La Circular del Banco de España 3/2010 de junio establece nuevos principios de gestión de riesgos, aportando criterios de autorización de préstamos, con normas sobre “capacidad de pago del prestatario” o “plan de pagos realista”. Ahora, cuando no se dan préstamos, hacen esa Circular de apenas 18 páginas, y mientras tanto se produjo una burbuja inmobiliaria en nuestro país gracias a una financiación laxa. Y por ello se va a producir un cambio radical en nuestro sistema, con unos damnificados muy precisos: las zonas más desfavorecidas de nuestros territorios, las personas más vulnerables y los proyectos empresariales de menor tamaño.