miércoles, 31 de agosto de 2011

Reforma constitucional

El debate sobre los límites al déficit público no solo me parece necesario sino también que ya era que hora que fuera introducido en el lenguaje cotidiano, dada la virulencia con que la macroeconomía está influenciando en la economía real. El déficit público se divide en dos: el estructural y el cíclico. En la normativa actual se admite un déficit público del 1,5% del PIB, un 0,5% para el estructural y un 1% para el cíclico. El acuerdo alcanzado por los dos grandes grupos políticos sitúa al déficit estructural en el 0,4%, sin mencionar el límite para el cíclico, por lo que la medida tiene una relevancia de carácter limitado. Lo preocupante es la forma en la que se pretende normativizar, mediante su inclusión en la Constitución, sin importes pero manteniendo el espíritu contractivo, y sobre todo obviando el debate, la visión y el respaldo de los ciudadanos. El espíritu de la Transición promovía contar con una carta de derechos y obligaciones que fuera modificable solo por los propios ciudadanos, evitando las experiencias del siglo XIX donde cada partido gobernante la modificaba según sus intereses; de ahí los controles actualmente existentes que dificultan cualquier tipo de modificación. O eso es lo que creíamos. Estamos inmersos en una crisis que nos está obligando a replantearnos todas nuestras actuaciones en el corto plazo, cambiando constantemente las reglas del juego. Sin embargo, cuando hablamos de Constitución no hablamos de corto plazo, dado que más de 30 años nos contemplan, el mayor período de crecimiento económico y social de nuestra Historia. Para mí, cambiar la Constitución es el mayor acto de responsabilidad ciudadana, máxime cuando la modificación propuesta no está en ningún programa electoral de los partidos que la proponen, lo que implica reducir el debate a un ámbito extraciudadano. Mis hijos de hoy apenas 10 años me han acompañado a cada una de las citas electorales, y les he tratado de explicar la importancia de cada una de ellas. Ellos van a padecer, con mayor virulencia, los cambios propuestos en la Constitución, y no sabré argumentarles en un futuro cuál fue mi intención de voto, porque no me han dado la posibilidad de ejercerlo, cercenando mi compromiso como ciudadano y limitando mis expectativas sobre el colectivo de los políticos. En los pragmáticos Estados Unidos, se utilizan las elecciones presidenciales para incluir referéndums, reduciendo considerablemente los costes electorales. No como en España, que se votó aisladamente el referéndum de Constitución europea, hoy papel mojado, con los gastos tan ingentes que conllevó su celebración. Dado que los inversores especulativos, eufemísticamente llamados “mercados”, han acogido fríamente la medida de la inclusión constitucional de la limitación del déficit público, bien se puede esperar un par de meses a incluir el referéndum en las elecciones legislativas del 20N, promoviendo el debate, la lectura de la letra pequeña de la medida y sus consecuencias. Somos ciudadanos maduros, preocupados por nuestro presente tan complicado. Que no se utilice nuestras dificultades que nos afanan en buscar nuestro sustento diario en evitar que nos podamos parar a reflexionar sobre nuestro futuro. De la reflexión nace el compromiso y la crítica. De su ausencia, la manipulación y el desapego.