Por una democracia equilibrada

Es un hecho incuestionable la desafectación y la distancia que la ciudadanía mantiene hacia la clase política, independientemente del ámbito territorial de su gestión. Si los ciudadanos piden más transparencia en los gastos de los parlamentarios, la respuesta es opaca. Eso sí, las asociaciones que reciben recursos públicos para poner en marcha proyectos, tienen que justificar hasta el último céntimo, valor democrático de transparencia en la rendición de cuentas que parece que no es asumido por sus señorías. Si los ciudadanos, sean empresarios o trabajadores, a costa de aumentar su productividad desarrollan procesos productivos que les permiten contar con bienes y servicios más competitivos, sus señorías se entretienen en los plenos jugando con las tablets compradas con recursos públicos, en vez de aprovechar el tiempo en la mejora del bien común de la ciudadanía. Si los ciudadanos piden comisiones parlamentarias que esclarezcan responsabilidades, como la de los ERE en Andalucía, obtienen unas conclusiones que no pueden ser más bochornosas, con el consiguiente consumo realizado en tiempo y recursos públicos. Si los ciudadanos piden plenos eficientes en ayuntamientos, reciben respuestas preñadas de parálisis y de herencia recibida. Me causa sonrojo y mucha vergüenza contar con una clase política que no contabiliza el coste de oportunidad de sus actuaciones ni asume la dificultad de unos tiempos que, inexorablemente, van a desembocar en un cambio de paradigma económico, social y, aunque ellos se resistan tanto, también político.

Hipocresía financiera

En octubre de 2008, el presidente del Banco Santander defendía en la Conferencia de Banca Internacional la necesidad, por parte de las entidades financieras, de recuperar el foco en el cliente. Concretamente, Emilio Botín manifestaba que “la base del negocio bancario está en las relaciones estables y directas con nuestros clientes y que, para mantenerlas, tenemos que aportar valor, servicios y productos adecuados y ajustados a sus necesidades”. En diciembre de 2012, Estrella se autolesionó en Jaén con unas tijeras en una sucursal del Santander. Exigía la devolución del dinero de su participación en un fondo de inversión que esta entidad, hace más de tres años, le había asesorado depositar la indemnización, unos 300.000 euros, de su hijo tetrapléjico. Estrella hizo lo que preconizaba Emilio Botín, es decir, firmar un producto adecuado a sus necesidades, pero no se le ocurrió leer la política de inversión del fondo o analizar el nivel de riesgo de sus participaciones, invertidas en fondos de Bernard Madoff, el protagonista del mayor escándalo financiero de la historia. Cuatro años más tarde de las declaraciones de Emilio Botín, Estrella se siente estafada por un sistema financiero y sus supervisores, contemplando encolerizada a unos legisladores inertes ante una normativa que permite que una familia no tenga acceso al dinero con el que poder pagar las medicinas de su hijo y con el que realizar un trasplante de células madre que mejore su calidad de vida. Una calidad de vida cercenada por la voracidad y opacidad de un sistema financiero al que se le deja actuar sin consecuencias y del que recibimos hipócritas mensajes dogmáticos.

La Administración apalancada

En el último boletín del ICO, el Secretario de Estado de Economía manifiesta que “tanto entidades financieras como empresas y familias están en un proceso de desapalancamiento que las permitirá situarse en una posición más sólida, lo que facilitará la recuperación económica”. Es decir, para el Gobierno reducir endeudamiento es sinónimo de salida de la crisis. Por eso la Tesorería de la Seguridad Social ya no financia a tipos del 3% el primer mes a la empresa que no pague puntualmente las cuotas, sino al tipo único del 20%, porque entiende que no hay que financiarse con la Administración. Pero eso sí, cuando hay que financiar a la Administración, la salida de la crisis puede esperar. Así, todavía no hay un reglamento que permita deducirse el IVA cuando se cobre, ni el que marque un plazo máximo de pago por subvenciones, licitaciones o contratos. En esos supuestos, hay que seguir financiando al sector público, cuando además las estadísticas del Banco de España sobre créditos siguen mostrando una tendencia decreciente de encursos aceptados a empresas y particulares, y una escalada ascendente en financiación a las Administraciones. Todo un ejemplo de coherencia, sí señor Secretario de Estado.